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Después de varios años de una severa crisis fiscal, Cartagena inició el siglo XXI con un plan de ajuste impuesto por la Ley 617 del 2000. Bajo este esquema, el gobierno distrital superó la difícil situación fiscal y alcanzó una relativa estabilidad en sus indicadores financieros. Sin embargo, la ciudad enfrenta grandes necesidades de gasto para poder superar las condiciones de pobreza en las que vive una cuarta parte de su población y para poder dotarla del nivel de infraestructura física que la convierta en una urbe moderna. El gran reto de la política fiscal del distrito es generar los ingresos que le permitan satisfacer la enorme demanda de recursos. Para ello, la administración distrital debe adelantar las acciones de políticas necesarias para aumentar los recursos propios. Dentro de esas acciones, la recomendación central de este documento es la modernización del sistema tributario distrital.