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En este documento se analizan las implicaciones fiscales y sectoriales de la reforma a las transferencias territoriales que actualmente se debate en segunda vuelta en el Congreso. La reforma ajusta los montos que el gobierno nacional deberá transferir a las regiones y considera marginalmente la discusión sobre su distribución sectorial y territorial. Las competencias de gasto no se consideran en el proyecto, por lo que el modelo de descentralización fiscal no sufrirá cambios sustanciales. Se concluye, en primer lugar, que el Sistema General de Participaciones establecido en 2001 ayudó a flexibilizar el manejo del presupuesto general de la Nación, y le ha permitido al gobierno nacional hacer ahorros importantes que, infortunadamente, no se han reflejado plenamente en sus resultados fiscales. Con lo aprobado en la primera legislatura, la administración central podría mantener en el mediano plazo su actual postura fiscal y usar los ahorros potenciales para reducir su deuda. En caso de hundirse el proyecto, se compromete la sostenibilidad de sus finanzas. En segundo lugar, las transferencias han permitido avances importantes en materia de cobertura, especialmente en la educación y la salud, aunque no se ha logrado su universalización. Entre tanto, pocos avances se registran en materia de eficiencia y calidad en la prestación de estos servicios. Los pronósticos sectoriales dependen, en buena parte, de los fondos públicos asignados en los próximos años. Con el texto aprobado en la primera legislatura, se logra cobertura plena en el nivel básico de educación y en el régimen subsidiado de salud.