Camilo Eduardo Sánchez-Quintoa La recuperación económica de Colombia en el período postpandemia 2021–2022 estuvo caracterizada por un rápido crecimiento del crédito de consumo, seguido de un deterioro en los indicadores de calidad crediticia en un contexto de condiciones financieras más restrictivas. En enero de 2023, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) introdujo mayores requerimientos de provisiones para los créditos de consumo de largo plazo, con el objetivo de fortalecer la resiliencia financiera y contribuir a moderar la rápida expansión del crédito de consumo observada antes de la reforma. Desde la perspectiva de los establecimientos de crédito (EC), el aumento en las provisiones implica mayores gastos y posibles presiones sobre la rentabilidad, lo cual podría inducir ajustes en las estrategias de otorgamiento de crédito. Este estudio evalúa el efecto de dicha política regulatoria sobre la dinámica del crédito de consumo. Los resultados muestran que la medida incrementó los indicadores de cobertura de los EC, lo que indica avances hacia el objetivo de resiliencia de la política, pero no afectó de manera significativa las condiciones generales de oferta de crédito para los préstamos de mayor plazo en términos de montos, tasas de interés y requerimientos de garantía. No obstante, estos efectos promedio ocultan una heterogeneidad relevante entre instituciones. Las entidades de menor tamaño endurecieron la oferta de crédito para préstamos con plazos superiores a 108 meses, reduciendo los montos otorgados y los indicadores préstamo-valor (loan-to-value), mientras que las entidades de mayor tamaño absorbieron los mayores costos de provisiones sin modificar las condiciones crediticias.
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Enfoque
Este documento evalúa el impacto de nuevos requerimientos de provisiones aplicables a la cartera de consumo de largo plazo sobre los indicadores de cobertura de los establecimientos de crédito y sobre las condiciones de oferta de los nuevos préstamos que se aplicaron en un escenario de alto crecimiento del crédito. De acuerdo con la Circular Externa 026 del 29 de noviembre de 2022 de la Superintendencia Financiera de Colombia, a partir de enero de 2023 se modificó el cálculo de las provisiones con el fin de internalizar el riesgo asociado al apalancamiento de largo plazo en los nuevos desembolsos.
Contribución
El documento realiza tres contribuciones principales a la literatura. En primer lugar, a partir de datos granulares de crédito de consumo, evalúa los efectos de una medida macroprudencial sobre las condiciones de oferta de los nuevos créditos en los umbrales regulatorios de 72 y 108 meses, considerando montos, tasas de interés y requerimientos de garantía. En segundo lugar, examina la heterogeneidad de las respuestas a nivel de entidad al analizar cómo los establecimientos de crédito, con distintos tamaños, se ajustaron a los mayores requerimientos de provisiones. En tercer lugar, el análisis emplea metodologías avanzadas de emparejamiento (matching) que mitigan problemas de desbalance, ineficiencia, dependencia del modelo y sesgo. De este modo, el documento aporta nueva evidencia sobre la interacción entre la regulación macroprudencial, el comportamiento del mercado crediticio y la estabilidad financiera en economías emergentes.
El análisis revela una marcada heterogeneidad para diferentes tamaños de entidad: las entidades más pequeñas restringieron de forma significativa su oferta de préstamos con plazos superiores a 108 meses, reduciendo tanto los montos otorgados como el indicador loan-to-value (LTV). En contraste, las instituciones de mayor tamaño absorbieron los costos regulatorios sin modificar sus condiciones de oferta de crédito.
Resultados
El estudio documenta tres resultados principales. Primero, la regulación, tal como se esperaba, incrementó el monto de provisiones y mejoró los indicadores de cobertura de los establecimientos de crédito. Segundo, la medida no afectó de manera significativa las condiciones agregadas de oferta de los nuevos créditos en términos de montos, tasas de interés y requerimientos de garantía. Este resultado sugiere que los requerimientos de provisiones focalizados por plazo tienen efectos más limitados que las medidas de carácter agregado, como la adopción del enfoque de pérdida esperada vigente desde 2007. Asimismo, indica que los mayores costos de intermediación asociados con la medida regulatoria no fueron transferidos inmediatamente a los deudores. Tercero, el análisis revela una marcada heterogeneidad para diferentes tamaños de entidad: si bien los efectos promedio no son estadísticamente diferentes de cero, las entidades más pequeñas restringieron de forma significativa su oferta de préstamos con plazos superiores a 108 meses en respuesta a la medida regulatoria, reduciendo tanto los montos otorgados como el indicador loan-to-value (LTV). En contraste, se encontró que las instituciones de mayor tamaño absorbieron los costos regulatorios sin modificar sus condiciones de oferta de crédito.