Juliana Jaramillo-Echeverri, Karina Acosta, Olga Lucia Acosta Navarro, Oscar Iván Ávila-Montealegre, Jhorland Ayala-García, Jaime Bonet-Morón, Jesus Botero, Luz A. Flórez, Daniela Gallo, Luis Armando Galvis-Aponte, Karelys Guzmán-Finol, Eduardo A. Haddad, Ana María Iregui-Bohórquez, David Camilo López-Valenzuela, Ligia Alba Melo-Becerra, Juan J. Ospina-Tejeiro, Andrea Otero-Cortés, Julian A. Parra-Polania, Gerson Javier Pérez-Valbuena, José Pulido, María Teresa Ramírez-Giraldo, Mario A. Ramos-Veloza, Charles Rahal, Jorge Leonardo Rodríguez-Arenas, Shadia Zardibia
Colombia es uno de los países en la región que muestra uno de los más altos consensos acerca de los efectos nocivos de la corrupción y la necesidad de controlar el problema. Durante la década de los noventa se llevaron a cabo cambios que buscaron reducir sus niveles y costos. En el presente documento se utilizan cifras de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación para analizar por qué, casi 15 años después de las reformas, algunos de los resultados esperados no se han alcanzado. La mayor discrecionalidad de las autoridades locales y el mayor tamaño de sus finanzas se han traducido en mayores conductas lesivas al Estado, generando mayores perdidas del patrimonio público. A partir de la revisión de estas cifras, de algunas experiencias internacionales y de sugerencias de expertos se hacen un conjunto de recomendaciones.
