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Explotando las variaciones espaciales y temporales en el número de bienes incautados a las organizaciones criminales, se estiman modelos de efectos fijos regionales del aumento en el número de propiedades confiscadas sobre las principales tasas de crimen. En Colombia, desde finales de 2002 las estrategias de seguridad en el país cambiaron, y como resultado, los efectos sobre los indicadores del crimen resultaron en su mayoría sustanciales, negativos y significativos. Hubo una clara reducción en los delitos comúnmente cometidos por el crimen organizado, incluyendo a la guerrilla, los paramilitares y los narcotraficantes, tales como robo de vehículos, terrorismo, piratería terrestre y secuestros. Por otro lado, los delitos cometidos por criminales comunes, tales como robos callejeros y hurtos a residencias, no se vieron afectados por la nueva política de seguridad.