Documentos de Trabajo sobre Economía Regional y Urbana - Desastres naturales, declaratoria de emergencia y corrupción

Número: 
325
Publicado: 
Clasificación JEL: 
H41, H57, H83, H84
Palabras clave: 
Corrupción, gobernanza, desastres naturales, discreción

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Leonardo Fabio Morales-Zurita, Mauricio Quiñones, Eleonora Dávalos, Luis Felipe Gaviria
Luis E. Arango, Luz Adriana Flórez, N. Johana Marín, Carlos Esteban Posada

Enfoque

Desde 2012, alcaldes y gobernadores pueden hacer uso de la herramienta de declaración de calamidad pública para abordar las consecuencias negativas de los desastres naturales, lo que aumenta temporalmente la discrecionalidad del gasto público subnacional. La declaratoria de calamidad pública podrá realizarse siempre que ocurra un evento natural o resultado de actividad humana no intencional, que, dadas condiciones de vulnerabilidad preexistentes, genere pérdidas humanas, económicas y ambientales. La mayor flexibilidad del gasto combinada con incentivos para brindar ayuda a la población afectada después de un desastre natural abre una ventana de oportunidad para comportamientos corruptos. En este sentido, es posible que la declaración de emergencia resulte en más actos de corrupción en el país.

Generalmente se entiende por corrupción el aprovechamiento de un poder público para beneficio privado. Se ha planteado como uno de los principales determinantes del atraso económico en los países en desarrollo. Las consecuencias incluyen un menor crecimiento a largo plazo, menor inversión, mayores niveles de inflación, y la consiguiente reducción en la provisión de bienes y servicios públicos. Entre los principales determinantes de la corrupción identificados en la literatura se encuentran: i) el poder monopólico sobre los bienes y servicios públicos, ii) la discrecionalidad de los funcionarios estatales, iii) la rendición de cuentas, y iv) el grado de transparencia. Este documento intenta contribuir a la literatura que explica los determinantes de la corrupción, evaluando cómo las medidas de flexibilidad del gasto afectan los incentivos para un gasto público más ineficiente.

Contribución

Este documento estudia en qué medida la mayor discreción de los funcionarios públicos puede generar corrupción. Siguiendo un enfoque de variables instrumentales, el artículo proporciona evidencia causal sobre el impacto de las declaraciones de emergencia. Primero, se construye una variable instrumental estimando la probabilidad predicha de una declaración de calamidad pública en función de la frecuencia de los desastres naturales para cada ciudad y año. En segundo lugar, se utiliza la probabilidad prevista de declaración de calamidad como instrumento para la decisión de los alcaldes de declarar emergencia y aumentar la discrecionalidad sobre los gastos fiscales después de un desastre natural. Además, se construye una base de datos anual de declaraciones de calamidad pública para las capitales de Colombia. Finalmente, se estima el impacto del mayor nivel de discrecionalidad sobre cuatro medidas diferentes de corrupción, todas provenientes de los Procesos de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República: casos abiertos, dinero involucrado en casos abiertos, casos abiertos con condena y dinero involucrado en casos abiertos con condena.

Los hallazgos muestran una relación positiva entre la frecuencia de los desastres naturales y la probabilidad de una declaración de emergencia, seguida de un aumento en la corrupción observada. 

Resultados

Los hallazgos muestran una relación positiva entre la frecuencia de los desastres naturales y la probabilidad de una declaración de emergencia, seguida de un aumento en la corrupción observada. Una declaración de emergencia en las capitales de Colombia aumenta el total de casos abiertos con posibilidad de corrupción en 3,7 por cada 100.000 personas, y la cantidad de dinero involucrado por persona aumenta en $5.218 per cápita. Además, una declaratoria de emergencia aumenta el número de casos de corrupción con condena en 1,24 por cada 100.000 personas, y el monto involucrado aumenta en $1.390 per cápita. Se observa que, al considerar casos con condena, tanto el número de casos abiertos como el dinero involucrado, muestran una respuesta menor a una declaración de emergencia que cuando se consideran todos los casos abiertos. Lo anterior se explica precisamente porque no todos los casos abiertos implican existencia de un hecho de corrupción. También encontramos que las ciudades más grandes no muestran mayor grado de corrupción, pero cuanto más rica es la ciudad, se observa más corrupción.